Temario de Administrativo del Ayuntamiento de Reus: programa oficial de 17 temas

El Anexo I reúne 17 temas para la bolsa de Administrativo de Reus. Consulta cada tramo y sigue el orden oficial del programa.

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En 30 segundos

  • 17temas del programa oficial
  • 1anexo de temario
  • 3ejercicios de la fase de oposición
  • 60 minduración del supuesto práctico
Tema 01Guía de lectura

Temario de Administrativo de Reus por materias

El Anexo I contiene una lista continua de 17 temas. Los rangos de lectura son orientativos: agrupan materias afines para facilitar la consulta y no alteran la numeración publicada en las bases.

  1. 1Temas 1 a 4Municipio, acto administrativo y relaciones jurídico-administrativas.
  2. 2Temas 5 a 10Procedimiento, personas interesadas, recursos y normas de las entidades locales.
  3. 3Temas 11 a 14Gestión documental, administración electrónica, transparencia y protección de datos.
  4. 4Temas 15 a 17Protección de datos, igualdad efectiva y prevención de riesgos laborales.
  5. 5Supuesto prácticoLas bases vinculan el cuestionario con las tareas del puesto y con los temas del Anexo I.
Tema 02Temas 1–2 · Municipio y acto

Municipio y acto administrativo

El programa empieza con la entidad local y sus elementos, y pasa a la decisión administrativa. Esta agrupación ayuda a distinguir institución, órgano y acto antes de estudiar sus requisitos.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (1 a 2)
  1. 1El municipio: concepto, elementos y término municipal.El municipio se estudia como la entidad local básica de la organización territorial, con personalidad jurídica propia y capacidad para atender sus fines. Conviene distinguirlo de la provincia y de otras formas de organización pública. El temario pide comprender el concepto y sus elementos, no memorizar datos coyunturales de Reus ni cifras de población que no aparecen en las bases.
    El territorio identifica el espacio sobre el que se proyectan las competencias y la organización municipal. El término municipal delimita ese ámbito y permite situar la actuación del ayuntamiento respecto de otros municipios. La lectura debe conectar los límites territoriales con la prestación de servicios, el ejercicio de potestades locales y la relación administrativa que se desarrolla dentro de ese espacio.
    La población relaciona a las personas residentes con la institución municipal y con el padrón como instrumento de constancia administrativa. El estudio de este elemento permite ordenar conceptos como vecindad, inscripción y participación en la vida local. En una pregunta práctica interesa identificar qué administración actúa, a quién se dirige y qué conexión tiene la persona con el municipio.
    La organización explica cómo se forman y expresan las decisiones municipales mediante los órganos previstos por la legislación local. La norma básica distribuye funciones entre el pleno, la alcaldía y los demás órganos que correspondan según la estructura de cada municipio. El tema se entiende mejor si se separan la institución, sus órganos, las competencias y los servicios que presta.
    Para repasar, formula una definición breve del municipio y relaciona territorio, población y organización con la personalidad jurídica. Después contrasta el término municipal con el ámbito de actuación de otras entidades locales. La convocatoria no desarrolla un bloque específico sobre la estructura concreta de Reus; el contenido debe mantenerse en el marco común que recogen las bases y la legislación local.
  2. 2El acto administrativo: concepto, requisitos, elementos y clases.El acto administrativo es una forma de decisión o declaración adoptada por una Administración en el ejercicio de sus funciones. Para reconocerlo, importa atender a quién lo dicta, qué contenido tiene, cómo se ha formado y qué efectos puede producir. El temario solicita sus requisitos, elementos y clases, por lo que el estudio debe combinar definición y aplicación a casos.
    La competencia identifica el órgano habilitado para actuar; el objeto debe ser posible y conforme con el ordenamiento; la finalidad conecta la decisión con el interés público que justifica la potestad. También deben revisarse el procedimiento seguido y la forma de exteriorizar la voluntad administrativa. Estos elementos ayudan a diferenciar un defecto formal de un problema de competencia o de contenido.
    La motivación adquiere relevancia en los supuestos legalmente previstos y permite conocer las razones de la decisión. La forma escrita es habitual, aunque la ley contempla actuaciones que se documentan de otro modo. El examen de los requisitos no termina con la firma: también hay que distinguir producción, eficacia, notificación y publicación cuando el acto debe comunicarse a sus destinatarios.
    La clasificación puede atender al contenido, a las personas destinatarias, al sentido de la decisión o a su posición en el procedimiento. Conviene no confundir un acto singular con una disposición general, porque su alcance y régimen jurídico no son iguales. Tampoco debe tratarse como acto cualquier actuación material de la Administración: primero se identifica la naturaleza de lo ocurrido.
    Al resolver un supuesto, localiza el órgano, la competencia, el objeto, la finalidad, la forma y el procedimiento; luego pregunta si la decisión necesita motivación y cómo debe comunicarse. Esa secuencia conecta el título del tema con los posteriores sobre invalidez, interesados, notificaciones y recursos. El enunciado oficial no enumera clases concretas, así que se estudian desde la ley común aplicable.
Tema 03Temas 3–4 · Invalidez y relación jurídica

Invalidez de los actos y relación con la ciudadanía

Aquí se reúnen los defectos de los actos, su revisión y la posición de las personas ante la Administración. La capacidad, representación y derechos completan el marco de actuación.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (3 a 4)
  1. 3Invalidez del acto administrativo: nulidad de pleno derecho, anulabilidad y sus límites; conservación del acto; revisión de actos y disposiciones por la Administración; acción de nulidad, declaración de lesividad, revocación y rectificación de errores materiales o de hecho.La invalidez exige diferenciar nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La nulidad se reserva a defectos especialmente graves, como los que lesionan derechos susceptibles de amparo o proceden de una incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio. La anulabilidad opera ante otras infracciones del ordenamiento y tiene un régimen distinto. La calificación depende del defecto acreditado, no de cómo lo denomine la parte.
    El principio de conservación evita que un vicio arrastre trámites o partes del acto que puedan mantenerse de forma independiente. La conversión permite atender a los elementos de otro acto válido que ya estuvieran presentes, mientras que la conservación de actuaciones reduce la repetición innecesaria de trámites cuyo contenido habría sido igual. La rectificación, por su parte, se dirige a errores materiales, de hecho o aritméticos.
    La revisión por la propia Administración no es una autorización general para cambiar cualquier decisión firme. Deben distinguirse la revisión de disposiciones y actos nulos, la declaración de lesividad de actos favorables anulables y la revocación de actos desfavorables, cada una con sus presupuestos y límites. La acción de nulidad permite instar una revisión en los casos previstos y queda sujeta al procedimiento legal.
    La declaración de lesividad prepara la impugnación judicial de un acto favorable que se considera anulable; no equivale a revocarlo directamente. La revocación tiene su propio alcance y no puede utilizarse para dispensar ilegalmente a una persona ni para contrariar igualdad, interés público u ordenamiento. Estas diferencias suelen plantearse junto con la firmeza, la eficacia y los derechos de quienes recibieron la decisión.
    Para estudiar el tema, compara cada mecanismo por el defecto que aborda, quién lo inicia, qué resultado persigue y qué garantías conserva. Un cuadro de contraste puede separar nulidad, anulabilidad, conservación, rectificación, revisión de oficio, lesividad y revocación. Los términos son del Anexo I; los límites concretos se consultan en la Ley 39/2015 y no deben sustituirse por una regla simplificada.
  2. 4Relaciones jurídico-administrativas: concepto; Administración y persona administrada; capacidad y representación; derechos de la ciudadanía ante las administraciones públicas.La relación jurídico-administrativa describe el vínculo regulado por el Derecho entre una Administración y una persona u otra entidad. El tema pide identificar a sus sujetos y comprender las posiciones jurídicas que nacen de esa relación. La Administración actúa sometida a competencia, procedimiento y finalidad pública; la persona administrada conserva derechos y garantías reconocidos por la legislación.
    La capacidad de obrar ante las Administraciones se determina conforme a las reglas comunes y a las previsiones específicas de cada procedimiento. La representación permite actuar en nombre de otra persona cuando se acredita de la forma prevista. Debe distinguirse la representación de la simple asistencia y comprobarse si el trámite requiere una actuación personal o admite actuación por medio de representante.
    La figura de persona interesada enlaza este tema con los siguientes. Puede comprender a quien promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos y a otras personas cuyos intereses puedan resultar afectados, según los requisitos legales. La identificación correcta influye en el acceso al expediente, la recepción de notificaciones, la participación en trámites y la posibilidad de presentar recursos.
    Entre los derechos de la ciudadanía están el acceso a información sobre el procedimiento, el uso de las lenguas reconocidas, la asistencia en el uso de medios electrónicos y la posibilidad de formular alegaciones. También aparecen la identificación de las autoridades responsables y el trato respetuoso. Estos derechos se ejercen en una relación administrativa concreta y no eliminan las obligaciones de colaboración que establezca la ley.
    El análisis de un caso debe empezar por determinar quién actúa y en qué condición: Administración, persona interesada, representante u otra persona afectada. Después se comprueba capacidad, acreditación de la representación, acceso a trámites y derechos aplicables. La Ley 39/2015 contiene el marco procedimental; la Ley 40/2015 ayuda a entender la organización y actuación del sector público.
Tema 04Temas 5–6 · Inicio y personas interesadas

Procedimiento, solicitudes y derechos de participación

Estos epígrafes ordenan el inicio del procedimiento junto con la subsanación, los registros y la condición de interesado. También sitúan derechos electrónicos y de transparencia.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (5 a 6)
  1. 5Procedimiento administrativo: fases e iniciación; clases, subsanación y mejora de solicitudes; presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones; registros administrativos.El procedimiento administrativo ordena la formación de una decisión pública mediante trámites conectados. El temario recoge sus fases y se detiene en la iniciación: puede producirse de oficio o a solicitud de una persona, y cada vía tiene actuaciones propias. La secuencia habitual permite ubicar ordenación, instrucción y terminación, sin perder de vista que el procedimiento concreto puede tener especialidades.
    Cuando una solicitud presenta defectos subsanables, la Administración puede pedir que se corrija o complete dentro de las reglas aplicables. La mejora de la solicitud permite precisar o modificar lo presentado cuando el procedimiento lo admite. En un supuesto hay que distinguir estas actuaciones de la inadmisión, de la falta de presentación y de la decisión sobre el fondo.
    La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se conecta con los registros administrativos. El asiento de entrada acredita la recepción y permite identificar quién presenta, qué documento aporta y a qué órgano se dirige. Los canales electrónicos y presenciales pueden intervenir conforme a la condición de la persona y a las reglas de relación que establezca la legislación.
    La ordenación y la instrucción reúnen actuaciones necesarias para conocer los hechos y preparar la resolución: alegaciones, prueba, informes o audiencia cuando corresponda. No todos los expedientes incluyen los mismos trámites. El objetivo del estudio es reconocer la función de cada actuación y cuándo debe garantizarse participación, contradicción o acceso antes de que la Administración decida.
    Para repasar, dibuja el recorrido desde la entrada del escrito hasta la resolución y asigna a cada fase su finalidad. Practica identificando si el inicio es de oficio o a petición, si hay subsanación, qué registro deja constancia y qué trámite permite completar la información. Las bases de Reus describen un temario común; no añaden un procedimiento municipal distinto a la Ley 39/2015.
  2. 6Clases de personas interesadas en el procedimiento y derechos de las personas administradas y de la ciudadanía, con referencia especial a los derechos electrónicos y de transparencia.La persona interesada es quien tiene una posición jurídica reconocida en el procedimiento, ya sea por iniciarlo o porque la decisión pueda afectar a sus derechos o intereses legítimos. El tema invita a diferenciar a quienes promueven una actuación de quienes se incorporan después. La condición de interesado determina la participación en trámites y el acceso a información del expediente.
    Los derechos procedimentales incluyen conocer el estado de tramitación, identificar a las autoridades responsables, acceder a documentos, formular alegaciones y obtener asistencia en el uso de medios electrónicos. La persona puede actuar directamente o mediante representante cuando proceda. El órgano debe ordenar la participación de manera que las personas afectadas puedan defender sus posiciones antes de la resolución.
    Las relaciones electrónicas no son idénticas para todas las personas. La ley reconoce opciones de comunicación y también establece colectivos obligados a relacionarse electrónicamente. El estudio debe diferenciar el derecho a elegir canal, la obligación de utilizarlo cuando existe y la asistencia que debe facilitarse a quien necesite ayuda para realizar una gestión digital.
    La transparencia aporta otra capa de acceso a información pública, pero no equivale al acceso de una persona interesada a su expediente. Son vías con finalidades, procedimientos y límites propios. La protección de datos y los derechos de terceros también pueden influir en la entrega de información. Conviene estudiar cada derecho en su marco para no trasladar requisitos de una vía a otra.
    Ante una pregunta práctica, comprueba quién reúne la condición de interesado, si está representado, cómo recibe comunicaciones y qué documentos puede consultar. Después separa los derechos que se ejercen dentro del procedimiento de las solicitudes generales de información pública. La Ley 39/2015 y la legislación de transparencia ofrecen las referencias normativas vinculadas a este enunciado.
Tema 05Temas 7–8 · Resolución y silencio

Finalización, obligación de resolver y silencio

La lectura pasa de la resolución expresa y la terminación convencional a los efectos de no recibir respuesta. Desistimiento, renuncia y caducidad se comparan por su causa.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (7 a 8)
  1. 7Finalización del procedimiento y obligación de resolver; contenido de la resolución expresa, principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial; terminación convencional.La resolución expresa es una forma ordinaria de terminar el procedimiento y la Administración mantiene la obligación de dictarla dentro del marco legal. El contenido debe responder a lo planteado, guardar congruencia con las solicitudes y atender a los hechos y fundamentos relevantes. El tema propone fijarse en la relación entre lo pedido, lo tramitado y lo finalmente decidido.
    El principio de congruencia impide que la decisión se desconecte de las cuestiones que deben resolverse. La prohibición de empeorar la situación inicial en los términos previstos por la ley protege frente a determinadas decisiones adoptadas al tramitar una impugnación o petición. Para aplicar esas ideas hay que conocer el objeto del expediente, la posición de la persona y las facultades del órgano.
    La terminación convencional permite cerrar un procedimiento mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos cuando el ordenamiento lo admite. No puede utilizarse para eludir competencias, requisitos legales o el interés público. Debe respetar las condiciones establecidas y producir el efecto de terminación que corresponda. Se diferencia de una resolución unilateral y de la simple aceptación informal de una propuesta.
    La obligación de resolver se relaciona con la notificación, los plazos del procedimiento y los efectos de que no llegue una respuesta expresa. Por eso este tema enlaza con silencio administrativo y con la terminación por desistimiento, renuncia o caducidad. Al estudiar un caso, conviene separar la existencia del deber de resolver de los efectos que la ley atribuye a su incumplimiento.
    Un repaso útil consiste en comparar resolución expresa y terminación convencional: quién toma la iniciativa, qué contenido deben tener, cómo se acredita su validez y qué efectos producen. Añade las exigencias de congruencia y de no agravación que menciona el anexo. La Ley 39/2015 constituye la fuente de estos conceptos; las bases de la bolsa no describen un régimen especial para Reus.
  2. 8Falta de resolución expresa y régimen del silencio administrativo; desistimiento, renuncia y caducidad.El silencio administrativo aborda la falta de resolución expresa cuando termina el plazo aplicable. No debe memorizarse como una respuesta única: sus efectos dependen de cómo se inició el procedimiento y de las excepciones establecidas en la ley. La Administración conserva su deber de resolver, aunque el silencio pueda permitir a la persona interesada entender producido un efecto para continuar defendiendo su posición.
    En procedimientos iniciados a solicitud, la regla general y sus excepciones deben estudiarse junto con la materia de que se trate y las normas con rango suficiente. En procedimientos iniciados de oficio pueden producirse efectos diferentes, ligados a si el procedimiento puede reconocer derechos o a si se ejerce potestad sancionadora o de intervención. El caso exige identificar primero la vía de inicio.
    El desistimiento consiste en apartarse de la solicitud o actuación promovida; la renuncia se refiere al derecho en que se fundaba, cuando el ordenamiento permite renunciar a él. No son expresiones intercambiables. En ambos casos debe atenderse a las personas afectadas y a si el expediente puede continuar por existir otros interesados o razones de interés público.
    La caducidad termina determinados procedimientos por inactividad en los supuestos previstos, pero sus consecuencias no son idénticas a las del silencio. Deben considerarse el tipo de procedimiento, la causa de la inactividad, las actuaciones de la Administración y la posibilidad de iniciar otro expediente. El temario reúne estas instituciones porque todas afectan a la continuidad del procedimiento.
    Para resolver preguntas, anota quién inició el procedimiento, si existe obligación de resolver, qué plazo se incumplió y qué institución se invoca. Luego distingue silencio, desistimiento, renuncia y caducidad por su causa y efecto. Evita afirmar que toda falta de respuesta concede lo pedido: la Ley 39/2015 establece reglas generales y excepciones que deben consultarse en el caso concreto.
Tema 06Temas 9–10 · Recursos y normas locales

Impugnación administrativa y potestad normativa local

Los recursos permiten revisar actos dentro de la Administración. Las ordenanzas y reglamentos son disposiciones generales: su elaboración y aprobación siguen el marco local.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (9 a 10)
  1. 9Recursos administrativos: principios generales, actos susceptibles de recurso, reglas generales de tramitación y clases de recursos.Los recursos administrativos permiten pedir a la propia Administración que revise una decisión impugnable. El estudio empieza por identificar qué actos pueden recurrirse, quién tiene legitimación, ante qué órgano se presenta la impugnación y qué relación existe entre el órgano que dictó el acto y el que debe resolverla.
    La Ley 39/2015 regula la alzada, la reposición potestativa y el recurso extraordinario de revisión. Cada tipo tiene supuestos y efectos propios. La alzada se conecta con actos que no ponen fin a la vía administrativa; la reposición permite solicitar revisión al mismo órgano en los casos establecidos; la revisión extraordinaria queda reservada a causas tasadas.
    El escrito de recurso debe permitir identificar a quien lo formula, la decisión que combate, los motivos de impugnación y la pretensión. Durante su tramitación pueden intervenir otros interesados y deben preservarse las garantías procedimentales. También importa distinguir una petición de revisión de oficio de un recurso presentado por una persona frente a un acto.
    La impugnación puede producir efectos sobre la ejecución del acto, pero recurrir no equivale automáticamente a suspenderlo. La suspensión tiene sus propios presupuestos y debe analizarse junto con el daño que podría causar la ejecución y los intereses que deben protegerse. El temario pide las reglas generales de tramitación, por lo que deben entenderse tanto la admisión como la resolución.
    Una tabla comparativa ayuda a estudiar principios, actos recurribles, órgano competente, finalidad y causa de cada recurso. En un caso práctico, primero determina si la decisión agota la vía administrativa; luego selecciona el mecanismo que corresponde y comprueba los requisitos de presentación. La convocatoria de Reus incorpora estos contenidos al Anexo I y no fija una modalidad de recurso distinta.
  2. 10Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales: clases, elaboración y aprobación.Las entidades locales aprueban ordenanzas y reglamentos dentro de sus competencias y con sujeción a la Constitución y a las leyes. El temario pide distinguir clases de normas, entender para qué sirve cada una y situar el órgano municipal que interviene. Una disposición general establece reglas para una pluralidad de situaciones, mientras un acto resuelve un asunto concreto.
    La potestad reglamentaria local debe ejercerse dentro del marco legal y respetar la jerarquía normativa. Las ordenanzas municipales regulan materias de competencia local y los reglamentos pueden organizar aspectos institucionales o de funcionamiento, de acuerdo con la normativa aplicable. El nombre de la disposición no permite prescindir de su contenido, finalidad, competencia y procedimiento de aprobación.
    La elaboración comprende preparación de un texto, intervención del órgano competente, exposición o audiencia cuando proceda, respuesta a reclamaciones y aprobación definitiva. La Ley de Bases del Régimen Local establece un procedimiento para las ordenanzas locales. El estudio debe fijarse en las fases y en el papel de la participación pública, no en equiparar el trámite a una simple resolución administrativa.
    Tras la aprobación, la publicación y entrada en vigor son decisivas para que la norma pueda producir efectos generales. También es importante reconocer la diferencia entre una ordenanza, un reglamento orgánico, un bando y una decisión singular. Cada instrumento responde a una función y a límites diferentes; la competencia municipal no habilita a regular cualquier materia sin fundamento legal.
    En un supuesto, identifica si la actuación cuestionada es una norma o un acto, qué órgano puede aprobarla y qué procedimiento se siguió. Comprueba si hubo publicidad, participación y aprobación conforme a la regla aplicable. La Ley 7/1985 aporta el marco local y el Anexo I resume las materias que deben conocerse para analizar la elaboración y aprobación de ordenanzas y reglamentos.

Sitúa el temario junto a las condiciones de la bolsa municipal.

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Tema 07Temas 11–12 · Documentación y canales electrónicos

Expedientes, registros y servicios digitales

Estos temas conectan la gestión de documentos y expedientes con registro, apoderamientos, archivo, sede y Portal de Internet. Las funciones de cada instrumento se diferencian.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (11 a 12)
  1. 11Gestión documental y expediente administrativo; presentación de copias y documentos originales, digitalización, identificación y firma electrónica, expediente administrativo electrónico y notificación electrónica y presencial.La gestión documental organiza la creación, recepción, clasificación, conservación y consulta de documentos ligados a la actividad administrativa. El expediente reúne ordenadamente las actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a una resolución, junto con las diligencias necesarias para ejecutarla. No es un conjunto indiferenciado de papeles: debe permitir seguir la tramitación y conocer cómo se formó la decisión.
    Las copias y documentos originales se relacionan con la autenticidad y con el deber de no exigir nuevamente información que ya obra en poder de una Administración cuando la ley lo permite. La digitalización convierte documentos en papel a formato electrónico, pero debe preservar su integridad y legibilidad. La identificación y firma electrónicas permiten asociar una actuación con quien la realiza y acreditar su voluntad.
    El expediente electrónico ordena documentos, datos y actuaciones mediante herramientas que facilitan su gestión y acceso. Debe mantenerse íntegro, disponible y trazable durante su tramitación. La documentación puede recibirse por distintos canales y convertirse a formato electrónico conforme a las reglas vigentes; los documentos originales y las copias auténticas tienen funciones distintas y no deben confundirse.
    La notificación comunica formalmente una decisión a la persona interesada y permite que conozca su contenido, alcance y vías de reacción. Puede practicarse por medios electrónicos o en papel según las reglas de relación. El estudio debe diferenciar notificación individual de publicación general y revisar las garantías sobre constancia de envío, acceso o rechazo.
    Para estudiar un caso, reconstruye el ciclo del documento: presentación, registro, incorporación al expediente, firma, conservación, acceso y notificación. Pregunta qué acredita cada elemento y cómo se protege frente a alteración o pérdida. Los temas enlazan las reglas de la Ley 39/2015 con la gestión cotidiana de expedientes que corresponde al puesto administrativo de la convocatoria.
  2. 12Administración electrónica: Registro electrónico general, registro electrónico de apoderamientos, archivo electrónico único, sede electrónica y Portal de Internet.La administración electrónica integra medios digitales en las relaciones y en el funcionamiento interno del sector público. El Registro electrónico general deja constancia de escritos dirigidos a una Administración y facilita su encaminamiento al órgano competente. Su función no debe confundirse con la del expediente o con la sede: cada herramienta interviene en un momento diferente del intercambio.
    El registro electrónico de apoderamientos permite dejar constancia de representaciones para actuar ante las Administraciones en los términos establecidos. La representación puede acreditarse por otros medios admitidos, pero el registro facilita su comprobación. El archivo electrónico único reúne documentos que deben conservarse y permitir su consulta con garantías de integridad, autenticidad y acceso conforme a las reglas aplicables.
    La sede electrónica es la dirección oficial para actuaciones y servicios electrónicos bajo responsabilidad administrativa. El Portal de Internet ofrece información y enlaces de acceso, aunque no todo lo publicado en una web tiene el valor de una actuación formal de sede. Esta diferencia ayuda a identificar dónde se presenta un escrito, dónde se consulta una notificación y dónde se difunde información institucional.
    Los servicios electrónicos necesitan identificación, firma cuando corresponda, canales de asistencia y sistemas que aseguren disponibilidad. El Reglamento de actuación por medios electrónicos desarrolla la aplicación práctica de las leyes de procedimiento y régimen jurídico. En el estudio se deben relacionar esos instrumentos sin atribuir a un registro funciones del archivo o a un portal la función de notificar.
    Un supuesto puede pedir localizar un justificante de presentación, comprobar quién representa a una persona, consultar un documento conservado o entrar a un trámite oficial. Asocia cada necesidad con registro, apoderamientos, archivo, sede o Portal de Internet. La convocatoria nombra todos ellos en el mismo tema para que se entienda su papel complementario en la gestión administrativa digital.
Tema 08Temas 13–14 · Protección y transparencia

Servicios digitales, datos y acceso a información

La administración electrónica se relaciona con privacidad y calidad del servicio. Después, transparencia separa la publicación proactiva del derecho de acceso y sus límites.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (13 a 14)
  1. 13Administración electrónica: protección de datos personales, acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos y gestión de la calidad de dichos servicios.La parte de administración electrónica enlaza con la protección de datos personales. Los servicios públicos digitales deben permitir realizar trámites y acceder a información sin perder garantías de privacidad, seguridad y control sobre los datos. La Administración trata información para finalidades públicas determinadas; el estudio debe relacionar esa finalidad con los medios técnicos y organizativos usados para prestar el servicio.
    El acceso electrónico a los servicios públicos incluye la disponibilidad de canales, la identificación de las personas y la posibilidad de completar actuaciones por medios digitales. La regulación combina derechos de la ciudadanía con obligaciones de quienes deben relacionarse electrónicamente. También contempla asistencia y accesibilidad funcional, de manera que la digitalización no se reduzca a trasladar un formulario en papel a una pantalla.
    La gestión de calidad de los servicios públicos busca comprobar si la atención y los trámites responden a las necesidades de las personas usuarias. Puede incorporar información clara, evaluación, seguimiento y revisión de procesos. El enunciado no impone un modelo de calidad concreto para Reus; el foco es comprender la gestión orientada a la calidad como materia del programa.
    La protección de datos afecta a la recogida, consulta, conservación y comunicación de información personal. Debe atenderse a la finalidad, la minimización, la seguridad y los derechos de las personas, además de a los deberes de quienes gestionan el tratamiento. En un expediente municipal, el acceso legítimo al documento no significa que todos los datos puedan divulgarse sin valorar su contexto.
    Al repasar, conecta el canal digital con las garantías que lo hacen fiable: identificación, archivo, acceso y protección de datos. Después añade la calidad como parte de la organización del servicio, no como una norma aislada. La Ley 39/2015, la normativa de protección de datos y la regulación de funcionamiento electrónico son las fuentes de apoyo para estos contenidos.
  2. 14Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: obligaciones, límites y publicidad activa; acceso y límites a la información pública; ejercicio del derecho de acceso.La transparencia combina obligaciones de publicación proactiva con el derecho a solicitar información pública. La publicidad activa requiere difundir determinados contenidos sin esperar una petición individual; el acceso responde a una solicitud concreta. El temario reúne ambas vías con el buen gobierno para que se distingan transparencia institucional, acceso a documentos y responsabilidad en la actuación pública.
    La información institucional puede abarcar funciones, normativa, estructura y planificación, mientras la información jurídica y económica sigue sus propias reglas. La Administración debe organizar la publicación para que el contenido sea localizable y comprensible. El Portal de Transparencia es un instrumento de difusión, pero no sustituye el procedimiento formal cuando alguien ejerce el derecho de acceso a información pública.
    El derecho de acceso puede estar sujeto a límites destinados a proteger otros intereses, como la privacidad, la seguridad o la eficacia de determinadas actuaciones. Aplicar un límite requiere examinar la información solicitada y justificar la restricción; no basta con invocar de forma abstracta que existe un dato sensible. Cuando resulte posible, puede facilitarse acceso parcial tras separar la parte protegida.
    El procedimiento de acceso empieza con una solicitud dirigida a la entidad que posee la información y concluye con una resolución que concede, limita o deniega lo solicitado. Debe diferenciarse este cauce de la consulta que realiza una persona interesada dentro de su propio expediente. La Ley 19/2013 establece el marco estatal y se relaciona con normas autonómicas y locales aplicables.
    El buen gobierno conecta principios de conducta y responsabilidad con el cumplimiento de obligaciones públicas. Para responder un supuesto, identifica primero si se pide publicidad activa, acceso a una información concreta o consulta de expediente. Después analiza posibles límites, acceso parcial y motivación. Los epígrafes del Anexo I fijan esas materias, sin atribuir a Reus un procedimiento local adicional.
Tema 09Segundo ejercicio · Supuesto práctico

El programa se aplica a las tareas del puesto

La fase de oposición incluye conocimientos de idiomas cuando corresponde, un supuesto práctico y una entrevista. El segundo ejercicio relaciona el caso con las funciones de Administrativo y los temas del Anexo I.

Carpetas, documentos y un ordenador sobre una mesa de oficina pública municipal.
  1. 1Tramitar expedientesTramitar expedientes administrativos y seguir las gestiones con terceros.
  2. 2Gestionar documentosClasificar información y documentos, y preparar bases de datos y documentos de trabajo.
  3. 3Informar sobre el servicioInformar sobre las actividades del servicio, tanto interna como externamente.
  4. 4Cuidar la seguridad y saludCumplir las medidas de seguridad y salud del puesto y las funciones generales que asigne el área.

El cuestionario tiene 15 preguntas, admite 2 de reserva y dura 60 minutos. El mínimo para superarlo es 7.5 de 15 puntos; la penalización por error es −0,5 puntos, según la corrección del BOPT.

Relaciona los temas del anexo con el formato de las pruebas municipales.

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Tema 10Temas 15–16 · Datos e igualdad

Protección de datos e igualdad efectiva

El Anexo identifica por separado la ley de protección de datos y la ley de igualdad. El enunciado las relaciona con el trabajo administrativo y las garantías ciudadanas.

Normas de referencia

Ver los 2 temas (15 a 16)
  1. 15Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.La Ley Orgánica 3/2018 adapta el ordenamiento español a la protección de datos y regula la garantía de derechos digitales. Su lectura se coordina con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Para el puesto administrativo, interesa comprender que el tratamiento de datos requiere finalidad legítima, responsabilidades definidas, medidas de seguridad y respeto a los derechos de las personas.
    El ciclo de tratamiento comienza al recoger información y continúa mientras se consulta, organiza, comunica, conserva o elimina. Cada operación debe tener fundamento y limitarse a lo necesario para la finalidad declarada. Los datos especialmente sensibles requieren un análisis reforzado. No toda información que llega a una oficina puede circular libremente entre unidades o incluirse completa en una respuesta pública.
    La ley desarrolla derechos de las personas y obligaciones de responsables y encargados del tratamiento, así como funciones de las autoridades de control. También vincula la protección de datos con el uso de tecnologías y con determinadas garantías digitales. El estudio debe distinguir quién decide los fines, quién trata la información por encargo y qué medidas permiten acreditar el cumplimiento.
    En un expediente municipal, la reserva de datos se combina con los derechos de acceso, transparencia, notificación y conservación documental. El personal debe consultar solo la información necesaria para su función y utilizarla dentro del marco del procedimiento. Cuando se solicita copia o publicidad, se valoran las personas afectadas, los datos contenidos y las reglas de acceso que correspondan.
    El repaso puede organizarse por finalidad, minimización, conservación, seguridad, derechos y responsabilidad. Relaciona cada principio con acciones concretas: pedir datos pertinentes, evitar duplicaciones, controlar quién accede y proteger documentos al comunicar o archivar. El epígrafe cita expresamente la Ley Orgánica 3/2018; las bases oficiales son la referencia de inclusión y el BOE ofrece el texto normativo.
  2. 16Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.La Ley Orgánica 3/2007 sitúa la igualdad efectiva de mujeres y hombres como principio que debe informar la actuación pública. El tema permite distinguir igualdad formal de igualdad de trato y de oportunidades, además de reconocer discriminaciones directas e indirectas. También exige considerar los efectos de normas, decisiones y prácticas administrativas sobre mujeres y hombres.
    La transversalidad integra la igualdad en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, en lugar de reservarla a una actuación separada. La ley aborda su incorporación en ámbitos diversos, incluido el empleo público y las condiciones de trabajo. Para el estudio administrativo, importa reconocer cómo ese principio debe reflejarse en procedimientos, servicios, información y decisiones municipales.
    La igualdad no se agota en prohibir un trato explícitamente distinto. También hay que identificar medidas o criterios aparentemente neutros que puedan producir desventajas, valorar justificaciones y observar los mecanismos previstos para corregirlas. El marco normativo contiene acciones de promoción y protección, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación aplicable.
    La actuación administrativa debe evitar lenguaje, requisitos y prácticas que generen discriminación, y debe integrar la perspectiva de igualdad en el ámbito de sus competencias. En un supuesto, revisa quién resulta afectado, qué criterio se aplica y si existe un efecto desigual que deba justificarse o corregirse. El tema del Anexo I cita la norma orgánica y su finalidad de igualdad efectiva.
    Al repasar, relaciona el principio de igualdad con acceso al empleo, condiciones laborales, políticas públicas y actuación administrativa. Distingue trato directo, resultado indirectamente desigual, medidas de protección y transversalidad. No se atribuye a Reus un plan municipal concreto porque las bases no lo identifican; el contenido se limita al programa general de la Ley Orgánica 3/2007.
Tema 11Tema 17 · Seguridad y salud

Prevención de riesgos laborales

El programa termina con la prevención de riesgos. Se estudian los derechos y obligaciones preventivos en el empleo público sin atribuir a Reus condiciones de trabajo no descritas en las bases.

Normas de referencia

Ver el tema 17
  1. 17Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.La Ley 31/1995 reconoce el derecho a una protección eficaz en seguridad y salud laboral y establece deberes preventivos para las Administraciones respecto de su personal. El tema no consiste solo en identificar accidentes: comprende organizar la prevención, evitar riesgos cuando sea posible y actuar antes de que el daño se produzca.
    La prevención incluye evaluar riesgos, planificar medidas, informar y formar al personal, facilitar equipos adecuados y revisar la eficacia de las actuaciones. La Administración debe integrar estas tareas en su organización y adaptarlas a las actividades y puestos. El análisis se realiza a partir de las condiciones reales de trabajo, no de una lista abstracta de peligros.
    Las personas trabajadoras participan en la prevención mediante derechos de información, consulta y formación, y también asumen deberes de cooperación y uso correcto de medios. Los mecanismos de representación y vigilancia de la salud se desarrollan dentro del marco legal. Al explicar el tema, conviene distinguir las obligaciones de la Administración de las actuaciones que corresponden a cada empleado.
    Para un puesto administrativo, el estudio puede relacionar prevención con ergonomía, organización del espacio, uso de equipos y protocolos internos, sin afirmar que exista un riesgo específico en una oficina concreta de Reus. La evaluación debe ser propia del puesto y de sus condiciones. El enunciado oficial se limita a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
    Repasa la finalidad preventiva, el derecho a protección, la evaluación, la planificación, la información y participación. Después conecta esas obligaciones con la seguridad y salud del personal público. El expediente de Reus incluye este contenido como último tema del Anexo I y como función general de vigilancia de la seguridad; el BOE aporta la referencia legal de apoyo.
Tema 00Fuente oficial

El Anexo I, en las bases del BOPT

El BOPT publica el programa; las normas enlazadas ayudan a contextualizar sus materias y la corrección aclara la puntuación del supuesto práctico.

Tema 01Tu preparación

¿Quieres preparar Administrativo del Ayuntamiento de Reus con una academia?

Dinos dónde estás y cómo quieres estudiar. Te orientamos sin coste y, si quieres, te ponemos en contacto con academias que la preparan.

Responsable: Roger Martin Rubio. Puedes pedir el borrado de tus datos escribiendo a mapaoposiciones@gmail.com.

Tema 10Preguntas frecuentes

Dudas sobre el temario de Administrativo de Reus

¿Cuántos temas tiene el temario de Administrativo de Reus?

El Anexo I de las bases enumera 17 temas, numerados del 1 al 17 en una lista continua. El programa corresponde a la bolsa municipal de administrativo/va.

¿Las bases separan el programa en bloques?

No. Publican un único anexo con una lista continua. Los apartados siguientes agrupan materias relacionadas para facilitar la consulta y conservan el orden oficial.

¿Qué materias aparecen en el programa?

Incluye organización municipal, actos y procedimiento administrativos, recursos, gestión documental, administración electrónica, transparencia, protección de datos, igualdad y prevención de riesgos laborales.

¿El supuesto práctico utiliza el temario?

Sí. Las bases relacionan el segundo ejercicio con las tareas del puesto y con el temario del Anexo I. La prueba plantea un caso práctico en formato de cuestionario.

¿Cuántas preguntas tiene la prueba práctica?

El cuestionario contiene 15 preguntas con 4 respuestas alternativas y dura 60 minutos. Las bases permiten prever 2 preguntas de reserva por si se anula alguna ordinaria.

¿Cómo se puntúa el supuesto práctico?

El ejercicio suma hasta 15 puntos y exige 7.5 para superarlo. Cada acierto vale 1 punto; tras la corrección oficial, cada error resta 0,5 y las respuestas en blanco no puntúan.

¿Qué normas de protección de datos e igualdad entran?

El programa dedica temas a la Ley Orgánica 3/2018, sobre datos personales y derechos digitales, y a la Ley Orgánica 3/2007, sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres.

¿Dónde puedo consultar el temario oficial completo?

Está al final de las bases de la bolsa, en el Anexo I. El PDF oficial recoge los 17 enunciados; la corrección del BOPT modifica la puntuación de las respuestas incorrectas.

Comprueba el programa en las bases oficiales.

El Anexo I contiene los temas de la bolsa y la corrección aclara la puntuación del supuesto.

Abrir las bases oficiales