Temario Auxiliar Administrativo/a de Bilbao: 13 temas

1. 3La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): Ordenación del procedimiento (artículo del 70 al 74). Recursos administrativos (artículo del 112 al 120).

Claves para estudiar este bloque

• La ordenación reúne las actuaciones que permiten que un procedimiento ya iniciado avance hasta una resolución. El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento, junto con las diligencias para ejecutar lo resuelto. Esta idea da una pauta práctica: cada incorporación debe quedar situada en contexto y poder seguirse en el expediente, no quedar como un archivo aislado. Al repasar, diferencia el expediente de la mera carpeta documental: también contiene actuaciones, comunicaciones y constancias que explican cómo se llegó a la decisión.
• La tramitación se impulsa de oficio y debe respetar el orden previsto, sin perjuicio de los supuestos de acumulación o concentración que permite la ley. Estudia cómo se ordenan los expedientes y qué papel tienen las personas encargadas de cada actuación, pero separa las tareas materiales de gestión de las decisiones reservadas al órgano competente. Esta separación resulta útil en la práctica administrativa: registrar una entrada, preparar un traslado o dejar constancia de una diligencia no equivale a resolver una cuestión de fondo. Dibuja el camino del expediente y sitúa cada actuación entre el inicio y la resolución.
• Los artículos de ordenación también permiten observar el cumplimiento de trámites y la gestión de incidencias. Cuando una persona debe completar una actuación, el expediente necesita reflejar el requerimiento, el plazo que se comunica y la respuesta recibida. Si surge una cuestión incidental, identifica si afecta a la continuidad del procedimiento o si puede tramitarse sin detener su curso. La revisión debe centrarse en el dato comprobable, el documento que lo acredita y el siguiente paso procedimental. Este método evita saltar directamente de la incidencia a una consecuencia que solo puede acordar el órgano con competencia.
• Los recursos administrativos tienen un objeto propio: permiten impugnar determinados actos dentro de la vía administrativa por los motivos previstos en la legislación. No todo trámite se recurre de manera independiente; el temario remite a las resoluciones y a los actos de trámite cualificados, que afectan al fondo, impiden continuar, producen indefensión o causan un perjuicio irreparable. Para resolver un caso, identifica primero el acto, su autor, si pone fin a la vía administrativa y qué efecto produce. Después contrasta qué recurso puede corresponder y ante qué órgano, sin elegirlo solo por el nombre que utilice quien presenta el escrito.
• La comparación entre alzada y reposición es un eje útil de repaso. La alzada se dirige contra actos que no ponen fin a la vía administrativa y la resuelve el órgano superior competente; la reposición potestativa se plantea contra actos que sí la ponen fin y permite volver ante el mismo órgano que los dictó. El carácter potestativo importa: la persona puede acudir a la vía judicial en los términos legalmente previstos. El recurso extraordinario de revisión responde a causas tasadas y no debe confundirse con una segunda oportunidad general para reabrir cualquier discrepancia sobre la resolución.
• Prepara una ficha de cada recurso con cuatro preguntas: qué actos pueden impugnarse, qué órgano interviene, qué motivos pueden alegarse y qué relación guarda con la vía judicial. Añade una columna para los artículos incluidos en el programa y consulta el texto vigente cuando repases plazos, efectos o requisitos detallados. En un supuesto administrativo, clasifica primero la resolución y su efecto sobre la vía; después decide qué información debe verificarse antes de registrar el recurso. Así se evita memorizar reglas descontextualizadas y se distingue la función de ordenación del expediente de la revisión de una decisión ya adoptada.
• Cierra el repaso con un caso breve: recibe una resolución, localiza su fecha y órgano autor, clasifica si pone fin a la vía administrativa y determina qué información falta para orientar a la persona interesada. La actuación de apoyo consiste en comprobar datos, registrar el escrito y dirigirlo por el cauce correcto; no anticipa si el recurso será estimado. Completa el ejercicio consultando los artículos indicados por el Anexo I y anotando qué diferencia entre recursos puede cambiar la vía de impugnación.

1. 6Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I): Principios de la Potestad Sancionadora (artículo del 25 al 31).
2. 7Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (II): Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (artículo del 32 al 37).

1. 9Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco: Tramitación de procedimientos sancionadores (artículo 34 al 43).

Claves para estudiar este bloque

• El Anexo I de 2022 citó para este tema la Ley vasca 2/1998 y delimitó el estudio a la tramitación sancionadora recogida en sus artículos. Esa referencia debe leerse en su contexto temporal: el BOE indica que la Ley 2/1998 quedó derogada, con efectos desde el 27 de junio de 2023, por la Ley 1/2023. Por eso la página conserva el título que figura en las bases, pero no presenta el texto antiguo como derecho vigente. Antes de utilizar este epígrafe para un ejercicio actual, contrasta la convocatoria y la normativa aplicable al procedimiento planteado.
• Para reconstruir el tema histórico, abre el texto de la Ley 2/1998 y lee solo el tramo expresamente indicado por las bases. Señala qué actuaciones corresponden al inicio, cuáles se producen durante la instrucción y cuáles conducen a la propuesta o resolución. No mezcles esos artículos con una explicación general de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015: esta última figura en un tema separado del programa y contiene los principios generales estatales. La ficha de cada norma debe indicar su fecha y su situación de vigencia, para que una respuesta no atribuya efectos actuales a una disposición derogada.
• La Ley 1/2023 ofrece el marco vasco posterior y puede emplearse para comprender cómo se regula hoy la potestad sancionadora de las administraciones vascas dentro de su ámbito. Sin embargo, no modifica retroactivamente el enunciado de la convocatoria ni convierte el tema escrito en las bases en un epígrafe distinto. Separa tres planos: literalidad del temario aprobado, derecho vigente al momento de resolver un supuesto y régimen transitorio que pueda afectar a procedimientos concretos. Esta precaución es esencial en preguntas sobre fechas, procedimientos en curso o legislación aplicable.
• Un método de lectura seguro consiste en anotar al margen la norma citada, el tramo de artículos, la materia común que estudia y la nota de derogación. Después identifica las instituciones procedimentales sin copiar una regla del texto nuevo al antiguo: competencia, conocimiento de hechos, posibilidad de alegar, prueba, audiencia cuando proceda y decisión final deben estudiarse en la disposición que corresponda a cada pregunta. Este trabajo comparativo ayuda a entender la continuidad de las garantías y, al mismo tiempo, evita afirmar que la regulación histórica sigue en vigor.
• La tramitación sancionadora tiene garantías específicas porque puede terminar con una sanción. En cualquier lectura, localiza el órgano competente, el hecho atribuido, la norma que describe la infracción, la participación de la persona interesada y la motivación de la decisión. Comprueba también si existe una disposición transitoria aplicable antes de usar un procedimiento actual con hechos anteriores. Para una preparación de oposición, utiliza como referencia del alcance las bases y confirma con el órgano convocante cualquier instrucción posterior que afecte a la materia evaluable.
• Este es un caso donde conviene llevar dos fichas separadas. La primera reproduce el epígrafe histórico y el tramo de la Ley 2/1998 que las bases identificaron. La segunda recoge el marco legal vasco vigente y la derogación expresa, con su fecha de efectos. No unas ambas en un resumen indiferenciado. Si una pregunta pide el programa oficial, responde conforme al texto convocado; si plantea un procedimiento actual, identifica la ley vigente. El BOE enlazado permite comprobar tanto la referencia derogada como la norma que la sustituyó.
• La Ley 1/2023 delimita su aplicación a las administraciones vascas dentro del marco competencial y establece reglas para la potestad sancionadora local. Al repasar actualidad normativa, comprueba su ámbito material antes de trasladarla a un expediente concreto: la existencia de una norma posterior no resuelve por sí sola qué disposición rige hechos anteriores ni sustituye la consulta de las reglas transitorias. Mantén la fuente oficial de la ley nueva separada del epígrafe del temario.

1. 11Estructura organizativa del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao y del servicio municipal de violencia de género. Catálogo de programas y servicios.

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• El enunciado identifica la estructura organizativa del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, el servicio municipal de violencia de género y su catálogo de programas y servicios. Son tres referencias conectadas, pero distintas: la estructura explica dónde se sitúan las funciones; el servicio especializado describe una línea municipal de atención; y el catálogo ofrece una visión organizada de prestaciones y recursos. Para preparar el tema, verifica el nombre institucional utilizado en las bases y consulta el portal municipal actual para comprobar cómo publica la información, sin asumir que una denominación operativa mantiene siempre el mismo organigrama.
• La página oficial del catálogo sitúa la atención social primaria bajo el Área de Acción Social y presenta una red municipal cercana a la ciudadanía. Explica que los servicios y prestaciones se relacionan con necesidades de autonomía y dependencia, protección, inclusión y participación comunitaria, y señala la intervención profesional de información, valoración, asesoramiento y apoyo. Este marco sirve para entender la finalidad del catálogo, no para atribuir a cada servicio una prestación concreta sin consultar su ficha. En un supuesto, distingue orientación, valoración y acceso a recursos de la resolución de una prestación.
• El portal municipal enumera los servicios sociales de base y el servicio de urgencias sociales, además de recursos de acceso y ámbitos temáticos del catálogo. Estas referencias ayudan a orientarse por puertas de entrada y por necesidades sociales, pero no sustituyen los requisitos de cada programa. Al repasar el material, agrupa la información según el recorrido de la persona: detección de la necesidad, contacto con el recurso, valoración profesional, orientación y eventual derivación o apoyo. Esta secuencia es una herramienta de lectura, no una afirmación de que todos los servicios sigan un itinerario idéntico.
• El servicio municipal vinculado a violencia contra las mujeres debe estudiarse conforme a la denominación y al material oficial que las bases señalan. Mantén el foco en la coordinación municipal y en la función pública descrita por el Ayuntamiento, preservando la confidencialidad y la protección de las personas afectadas cuando se plantee una situación de atención. La página general del catálogo no permite atribuir en detalle protocolos, horarios, modalidades de alojamiento u otros recursos específicos; para esos aspectos se necesita la ficha municipal vigente del servicio correspondiente, no una deducción a partir del título del temario.
• Una buena ficha de repaso reproduce el organigrama vigente consultado, registra la fecha de consulta y separa las unidades organizativas del catálogo de prestaciones. Añade debajo la referencia literal del epígrafe de las bases. Si el Ayuntamiento actualiza su web o la estructura del área, conserva el texto convocado como alcance histórico y señala la fuente municipal que confirma la organización publicada en ese momento. Así se evita mezclar una página institucional actual con un temario aprobado en otra fecha sin indicar cuál de las dos referencias responde a la pregunta.
• Para memorizar el apartado, prepara un mapa sencillo con el Área de Acción Social como punto de referencia, las líneas de actuación del catálogo alrededor y las páginas municipales donde consultar cada recurso. No conviertas una lista de prestaciones en una promesa de acceso automático: la fuente municipal indica que el apoyo se facilita conforme a criterios de necesidad y adecuación. La auxiliar administrativa puede colaborar en orientar, registrar o dirigir una consulta por los cauces del servicio, respetando siempre las competencias profesionales y los procedimientos que correspondan.
• El catálogo municipal describe una red de servicios sociales de base distribuida por los distritos de Bilbao y añade un servicio de urgencias sociales. La página oficial cifra esa red en ocho distritos y once servicios sociales de base; esas referencias sirven para comprender la organización publicada, no para inferir la plantilla del área ni las plazas disponibles en cada recurso. Estudia el dato junto a la fuente y la fecha de consulta, porque una página municipal puede actualizar su estructura o la forma en que presenta los servicios.
• La clasificación del catálogo facilita reconocer por qué una persona acude a Acción Social: autonomía y dependencia, protección, inclusión o participación comunitaria. Estas etiquetas ordenan las necesidades atendidas y ayudan a localizar recursos en la información municipal. Para responder con precisión, separa la necesidad descrita de la prestación concreta: el catálogo ofrece información, valoración, asesoramiento y orientación hacia apoyos adecuados, mientras que cada servicio conserva sus requisitos y su circuito. Este marco general enlaza con el servicio especializado citado en las bases sin sustituir su ficha específica.
• En la preparación, contrasta el organigrama del área con la información sobre prestaciones. Una consulta sobre la unidad responsable pregunta por organización; una pregunta sobre los recursos disponibles exige abrir el catálogo; y una pregunta sobre violencia contra las mujeres requiere acudir a la publicación específica del servicio. Esta distinción impide deducir protocolos o condiciones de atención a partir de una página general. Anota los nombres tal como aparezcan en la fuente consultada y conserva el enunciado oficial, que es el que delimita este tema del programa.

1. 13Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; Objeto, ámbito de aplicación y definiciones (artículo 1 al 4). Derechos y obligaciones (artículo del 14 al 29). Consulta y participación de las personas trabajadoras (artículo del 33 al 40).

Claves para estudiar este bloque

• El tema comienza con el objeto, el ámbito y las definiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La protección de la seguridad y salud se aplica a las relaciones de trabajo incluidas en la ley y se organiza mediante principios preventivos y deberes de las partes. Repasa el vocabulario legal antes de memorizar obligaciones: prevención, riesgo laboral, daño derivado del trabajo, equipo de trabajo, condición de trabajo y equipo de protección individual no son expresiones intercambiables. Definirlas ayuda a identificar qué hecho se evalúa y qué medida preventiva puede tener sentido.
• La prevención se planifica atendiendo a los riesgos y a las condiciones reales de trabajo, con atención a su origen y a la adaptación de la actividad a las personas. Las obligaciones empresariales abarcan la protección eficaz, la evaluación y planificación preventiva, la información, la formación y la respuesta ante situaciones de riesgo, dentro del marco legal. Para estudiar los artículos seleccionados, crea una tabla que vincule riesgo, medida, responsable y evidencia de cumplimiento. La ley establece deberes para las administraciones respecto del personal a su servicio, por lo que el tema también alcanza el empleo público.
• El bloque de derechos y obligaciones no es unilateral. El personal tiene derecho a una protección eficaz y a recibir información y formación adecuadas, mientras que las personas trabajadoras deben cooperar con las medidas preventivas conforme a la ley. La responsabilidad preventiva principal corresponde a quien organiza y protege el trabajo, y no se traslada sin más al personal. En un supuesto, describe primero el riesgo y la medida omitida; luego determina qué obligación legal está implicada y qué canales permiten comunicar la situación. No confundas participación en prevención con asumir la obligación de garantizar condiciones seguras.
• Los artículos sobre consulta y participación desarrollan los cauces por los que las personas trabajadoras intervienen en cuestiones preventivas a través de sus representantes y órganos previstos legalmente. Estudia qué asuntos requieren consulta, qué información permite participar y cómo se articula la representación especializada. La participación debe producirse antes de que la decisión preventiva esté cerrada cuando así lo establece la norma, para que las observaciones puedan tenerse en cuenta. Relaciona este apartado con la evaluación de riesgos y la planificación: consulta, medida preventiva y seguimiento forman partes distintas de una gestión preventiva coherente.
• La prevención exige anticiparse, revisar condiciones y corregir deficiencias, no limitarse a actuar después de un accidente. Las medidas de emergencia, la vigilancia de la salud y la protección de personas especialmente sensibles tienen regulación propia dentro del tramo de artículos que delimitan las bases. No es necesario extrapolar requisitos más allá de ese alcance para comprender el sistema: localiza cada obligación en el artículo correspondiente y distingue el deber de protección de las medidas específicas que lo hacen efectivo. El texto legal ayuda a comprobar el sentido exacto de los enunciados.
• Para repasar, organiza el tema en tres capas: conceptos y ámbito de aplicación; derechos y obligaciones de prevención; y consulta y participación. Añade casos breves sobre un puesto de oficina municipal, como ergonomía, circulación por dependencias, exposición a pantallas o comunicación de una incidencia, y formula qué riesgo existe, qué información debe recabarse y qué cauce preventivo corresponde. Los ejemplos sirven para aplicar conceptos, no para afirmar que un riesgo concreto esté presente en todos los puestos. Contrasta la respuesta con la Ley 31/1995 y los tramos expresamente incluidos en el Anexo I.
• Al revisar una medida preventiva, relaciona la evaluación del riesgo con la planificación de la actividad, la información a las personas afectadas y la comprobación de que la medida funciona. La ley articula la protección como un deber continuado, por lo que una instrucción inicial no basta si las condiciones cambian. Para estudiar el alcance del tema, ubica cada actuación en los artículos correspondientes y diferencia prevención, protección colectiva, equipo individual y vigilancia de la salud. Usa el texto legal para determinar qué obligación se activa en cada supuesto.
• La consulta permite que la representación del personal intervenga en las decisiones preventivas dentro de las condiciones fijadas por la norma. Distingue quién representa, qué órgano participa y qué información debe facilitarse para que la consulta sea efectiva. La participación no elimina las responsabilidades del empleador público ni reemplaza la actuación técnica; introduce un cauce para conocer riesgos, plantear medidas y revisar su aplicación. En un ejercicio, indica el riesgo, la decisión preventiva proyectada, a quién se consulta y cómo se deja constancia de las aportaciones recibidas.
• La preparación de este tema se beneficia de un glosario de definiciones legales y de una tabla de artículos con tres columnas: contenido, sujeto obligado y derecho relacionado. Completa la tabla con los temas de información, formación, protección eficaz, emergencia y participación solo cuando estén dentro del alcance de los artículos citados. Ese límite evita memorizar materias de prevención ajenas al enunciado y mejora la respuesta en preguntas con conceptos próximos. La fuente BOE permite comprobar la redacción consolidada antes de cerrar cada ficha.